Juan Radhamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta, criticó que mientras las autoridades destacan con orgullo sus muy publicitados éxitos en materia de control y represión al tráfico internacional de drogas, las estrategias de prevención y tratamiento a nivel nacional han fracasado, lo que se evidencia con muertes por sobredosis de heroína o fentanilo, por falta de tratamiento adecuado en los hospitales.
Deploró que se diga que “la República Dominicana, es el modelo a seguir en la prevención de drogas sintéticas: primer país y presidente en establecer una estrategia global contra esta amenaza”. Además el anuncio que el gobierno de los Estados Unidos, propone que el gobierno dominicano presente candidatura para participar en la elección del director ejecutivo del organismo de las Naciones Unidas especializado contra la Droga y el Delito, la ONUDC.
“Es evidente que, en materia de la cooperación internacional, especialmente con los EE.UU., las políticas de “guerra contra las drogas” de la República Dominicana, tiene los bonos bien altos”.
Sin embargo, De la Rosa indicó que mientras “nos solazamos con todos estos elogios y reconocimientos de los EE.UU., muy diferente es lo que está sucediendo a nivel local, con las estrategias nacionales de prevención y tratamiento de las adicciones”.
Agregó que ni hablar de la investigación, reducción de riesgos y daños, formación, reinserción social, que son solo sueños de ilusos en estos momentos.
“Paradójicamente, son estas las estrategias, y no la llamada “guerra contra las drogas”, las que se llama a priorizar en toda política nacional que pretenda ser exitosa. Una gran contradicción”.
Muertes y marketing
De la Rosa señaló que con mucha frecuencia fallecen personas por sobredosis de heroína o fentanilo, porque no existe en los hospitales las capacidades instaladas ni los medicamentos antagonistas de los derivadores del opio, como la naloxona, indispensables para evitar las muertes. “Esto está sucediendo a pesar de que se afirma que somos el “modelo a seguir en la prevención de drogas sintéticas” y que tenemos una “estrategia global contra esta amenaza”.
Apuntó que la realidad es que de ese “modelo”, solo se conoce que las autoridades niegan la presencia de fentanilo en el país mientras que los indicadores de fallecimientos y las organizaciones que atienden a estas personas, afirman lo contrario.
Denunció que los programas preventivos del Estado, por su escasa cobertura, se asemejan más a estrategias de marketing o relaciones públicas, que a verdaderas políticas.
Dijo que los consumos crecen y los adictos no tienen las atenciones que se merecen. En tanto que la venta de sustancias ilegales ya no es un tema clandestino, ya que multiplican los “puntos de drogas” en todo el país y líderes comunitarios con frecuencia denuncian connivencia de autoridades corrompidas.
Falta de apoyo
En tanto que las organizaciones sociales, cargando con la responsabilidad estatal, languidecen por falta de apoyo y han visto como se violan o eliminan mandados de las leyes 50-88, 72-02 y 155-17, dejando a estas instituciones abandonadas a su suerte.
“Estas organizaciones trabajan con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Pero, estas personas parece no entran en los radares de quienes toman decisiones”.
Agregó que con la “Ley 60-23 para Administración de Bienes Secuestrados, Incautados, y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio”, se dio el tiro de gracia, ya que se dispuso la eliminación del artículo 33, de la Ley 72-02, para negar la entrega del 15 % de los recursos que pertenecen a esas organizaciones.
De la Rosa señaló que esto es una franca violación a la Constitución que establece en su artículo 110 que las leyes no tienen efecto retroactivo, pues “en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.