Cuatros entidades que trabajan en la prevención y rehabilitación de adictos a las drogas afirmaron ayer que el país requiere de un cambio de mentalidad con relación a este problema, tras indicar que la lucha contra este flagelo se ha manejado en una dirección equivocada y que el usuario es visto como un delincuente y antisocial cuando en realidad es una víctima, mientras se descuida la persecución a los grandes narcotraficantes que son los que reciben los mayores beneficios del pastel.
Recordaron que los adictos son personas enfermas que requieren atenciones médicas, en vez de prisión.
El tema fue abordado en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio por Juan Radhamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta; Paulino Ventura de la Cruz, presidente de la Red Nacional de Centros Cristianos para la Rehabilitación de Adictos (Renacerá); Hanoi Vargas, director de la Fundación Volver, y Nilo Mercedes, de la organización El Mesón de Dios.
De igual forma, favorecen una modificación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, a fin de darle un enfoque de salud y de derecho al problema.
En el encuentro, los expositores hicieron un llamado al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para que proceda a entregar los recursos correspondientes, en virtud de la ley que estipula un 15% de los fondos decomisados producto de actividades vinculadas al narcotráfico.
Citaron las precariedades y limitaciones con que operan, a raíz de esta situación.
De hecho, advirtieron sobre el cierre de algunos centros por falta de recursos para el pago de alquiler.
Lamentaron cómo jóvenes estudiantes universitario y hasta profesionales andan deambulando por las calles víctimas del consumo de drogas.
“Estamos planteando la urgencia de que el país modifique su política de drogas para que tengamos instituciones enfocadas en la parte preventiva y de atención”, precisó De la Rosa Hidalgo.
De su lado, Paulino Ventura de la Cruz explicó que Renacerá es una institución sin fines de lucro que trabaja en la rehabilitación de personas adictas y que agrupa 30 instituciones con 43 centros dispersos en todo el país. Ofrecen albergue a 1,070 muchachos mayores de 18 años, quienes están recibiendo tratamiento de rehabilitación.
Al referirse a la situación financiera de la organización, explicó que han tenido que cerrar varios centros y otros están en proceso.
De hecho, recientemente le dieron plazo hasta el 29 de este para quitarle una casa alquilada que acoge a jóvenes. “Nos dieron esta última prórroga para pagar la mensualidad, de lo contrario, nos van a desalojar”, precisó.
Según explicó, el Gobierno no tiene respuesta para esos muchachos.
“Cuando una madre lleva un joven a un centro de nosotros eso es un respiro para esa familia”, señaló.
De acuerdo a lo explicado se sostienen de una panadería que opera con la integración de los mismos internos y de donaciones.
